Después de que el Gobierno haya anunciado la renovación del concierto de Muface, la mutualidad que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, asociaciones de militares y guardias civiles se preguntan ahora, preocupadas, qué ocurrirá con su acceso al sistema de salud.
El Consejo de Ministros autorizó el martes la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida de la prima del 17,12%, mejorando la propuesta inicial del 14%.
El mismo día, el Ejecutivo aprobó al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) la celebración del concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios del mismo, es decir, las fuerzas armadas, donde se incluye la Guardia Civil, que opten por recibirla a través de entidades del seguro para el mismo periodo.
Al contrario que en el caso de Muface, el Gobierno no ha informado de las cuantías que pretende trasladar a las aseguradoras que prestan el servicio de Isfas, lo que deja a las fuerzas armadas en una situación de "incertidumbre y preocupación".
Y es que aunque las negociaciones de Muface e Isfas sean independientes, lo que se decida en el seno de la primera puede tener su réplica en el devenir de la segunda. No en vano, son 559.887 personas las beneficiarias de Isfas, según la memoria anual de actividad de este servicio.
Así lo traslada Mari Carmen Espejo, consejera de la Central Sindical de Funcionarios (CSIF) en Muface, que explica que la mutualidad de los funcionarios civiles, al ser la más numerosa, "es la que va de avanzadilla" con respecto a las otras.
"Sucede que lo que se firma en Muface suele seguir la línea de los otros conciertos sanitarios", comenta en declaraciones a EFE.
A este respecto, Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), advierte de que de no llegar a un acuerdo con las mutualidades, el Gobierno abocaría a más de un millón de personas adscritas al Isfas a acudir a la Seguridad Social, que no sería capaz de "absorber" esa demanda, lo que generaría "más listas de espera".
En ello coincide Iván Alcántara, secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que reconoce la "preocupación" en el seno de la organización de la posibilidad de que quienes ahora acuden al sistema de aseguradoras tuvieran que hacerlo a partir de ahora en el sistema público de salud, al encontrarse este "saturado"
En la misma línea, Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil, la asociación mayoritaria del instituto armado, señala que de no resolverse la situación, "miles de guardias civiles se verán obligados a recurrir a la sanidad pública", lo que derivaría, de nuevo, en "la saturación de un sistema ya de por sí sobrecargado".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pone el foco, por su parte, en la "desigualdad" en el trato que, a su juicio, reciben los mutualistas de Isfas respecto al de Muface, ya que en su caso no se conocen "ni los fondos ni si el presupuesto será equivalente al de Muface", que sí ha sido detallado.
Al contrario de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, la Policía Nacional sí se rige por la mutualidad de Muface -casi 120.000 beneficiarios- en el acceso a la prestación sanitaria. Sin embargo, la "preocupación" es la misma.
Lo pone de manifiesto el sindicato Jupol, que señala que la falta de acuerdo entre el Gobierno de España y las aseguradoras prestatarias podría suponer "la eliminación de las mutuas de funcionarios", y con ello, la "merma" en la calidad asistencial de los agentes y de toda la sociedad, ya que el sistema público de salud "no podría asumir" la demanda de atención.
