Los grupos Popular y Vox iniciaron este periodo parlamentario en las Cortes de Castilla y León como adversarios políticos, tras la ruptura del Gobierno de coalición el pasado mes de julio, pero sus firmas se mantienen en tres proposiciones de ley que están pendientes de su tramitación, aunque su aprobación no es algo que tengan previsto en los tres plenos que restan de este año.
Se trata de las proposiciones de ley de modificación de la Ley de 2003 de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de modificación de la Ley de 2009 del Ruido de Castilla y León; de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León.
El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, explica, en declaraciones a Ical, que la prioridad ahora son los presupuestos, para cuya presentación en las Cortes la Junta de Castilla y León busca un pacto, previo a su registro, para que puedan ser aprobados. Gavilanes reconoce que no ha hablado con Vox sobre la oportunidad de introducir alguna de estas leyes en el orden del día de los plenos, pues por orden cronológico de registro correspondería la del ruido, e insiste en ver como van "a evolucionar" los presupuestos.
"Este trimestre no hay intención, luego se verá", precisó, mientras que Vox deja la iniciativa al Grupo Popular, aunque, según explicaron fuentes de este grupo, dudan del avance de la norma prevista para la modificación del Servicio Público de Empleo a la vista del resultado de la ley de concordia, que no pasó el filtro de toma en consideración al oponerse el PP.
En Vox, no ocultan aun su malestar por la falta de apoyo a la ley de concordia y recuerdan que se le dijo que podía ir en el primer pleno de septiembre, y después que en el segundo, en cuyo orden del día se incluyó finalmente, pero el PP rechazó la toma en consideración sin tener antes un informe del Consejo Consultivo.
Además, alegan "la incomodidad" del PP ante la presentación por Vox de una proposición de ley de reforma de la ley de 2008 para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional, en una iniciativa que "no ha sido bien recibida" por los sindicatos CCOO y UGT.
En relación a la ley de modernización del Ecyl, entienden desde Vox que el PP "se sentará antes" con UGT y CCOO, convencidos por ello de que no apoyará una iniciativa que también lleva su firma, aunque, a la vista del resultado de la ley de concordia, están dispuestos a reactivar.
PP y Vox registraron el 26 de octubre de 2023 la proposición de ley de modificación de la ley de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cuya toma en consideración, con el voto en contra de PSOE y de Francisco Igea, se produjo en el pleno el 22 de noviembre de 2023.
El texto se encuentra, con las enmiendas presentadas, en espera en la Comisión de Industria, Comercio y Empleo, que debe elegir presidente debido al fallecimiento de Javier Carrera, procurador de Vox que ocupara este puesto. Según el grupo que lidera Juan García-Gallado, la iniciativa corresponde al Grupo Popular.
Se trata de actualizar y modernizar el Ecyl tras los cambios en el contexto laboral, normativo y en los procedimientos internos de trabajo público, para que responda a las necesidades de trabajadores y empres, como defendieron PP y Vox en la presentación de esta nueva norma en las Cortes.
Con urgencia registraron PP y Vox la proposición de ley de modificación de la ley del Ruido de Castilla y León, después de que la Mesa de las Cortes inadmitiera, al aceptar el recurso socialista, las enmiendas de ambos a la ley de medidas para modificar, además de esta ley, las de sanidad animal, ordenación farmacéutica.
La iniciativa, que está a la espera de su toma en consideración por el pleno, elimina la obligación de revisar cada cinco años los mapas de ruido en los municipios con menos de 20.000 habitantes, dejando a criterio municipal si se hubieran producido cambios significativos en la estructura urbana y las potenciales fuentes de ruido.
Sin embargo, ambos grupos si sacaron adelante, por el procedimiento de lectura única, la proposición de ley de sanidad animal, para aplicar una bonificación del 95 por ciento de la cuota tributaria de la tasa por prestación de servicios veterinarios, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Ante el problema de falta de profesionales sanitarios y en especial en zonas periféricas, PP y Vox presentaron el pasado 15 de mayo una proposición de ley, también pendiente de su toma en consideración, que incluye plazas con incentivos económicos, actividad sanitaria compartida y jornada complementaria de guardia en un centro que no sea el de origen del facultativo.
Para conseguir atraer y retener, de forma continua y estable, a los profesionales sanitarios necesarios en puestos que de manera estructural permanecen vacantes, se recogen incentivos económicos de entre 6.000 y 1.300 euros anuales para facultativos y profesional de enfermería (grupos A1 y A2).
Además de los incentivos económicos, se contemplan otros, como en el caso de la carrera profesional la valoración de haber prestado servicio durante tres años en un puesto de difícil cobertura, así como el cómputo en los procesos de selección temporal y bolsas de empleo.
